Educación prohíbe las cámaras en aulas y limita la videovigilancia en los centros públicos a fines de seguridad

La nueva resolución, publicada en el DOGV, sustituye la norma de 2013, prohíbe grabar audio con carácter general y exige autorización previa para instalar o regularizar cualquier sistema

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución que regula la instalación, el uso y el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat. La norma, procedente de la Dirección General de Centros Docentes, sustituye a la regulación vigente desde 2013 y la adapta al Reglamento General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Esquema Nacional de Seguridad, así como a la realidad organizativa y tecnológica actual de los centros, según informó ayer la Conselleria.

Solo para seguridad

Las cámaras solo podrán utilizarse con fines de seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones. Quedan expresamente excluidos otros usos, como el control del desempeño del alumnado o del personal docente en su actividad académica, así como cualquier finalidad comercial o publicitaria. La resolución concibe la videovigilancia como una herramienta excepcional para prevenir incidentes en situaciones concretas y justificadas, y no como un sistema de vigilancia de las personas.

Dónde no podrá haber cámaras

Dado que la mayor parte del alumnado es menor de edad, la norma incorpora criterios especialmente restrictivos. Se prohíbe instalar cámaras en las aulas durante la docencia, en baños, vestuarios y otras zonas de intimidad, así como en los espacios de descanso del personal mientras estén siendo utilizados. La grabación de audio queda prohibida con carácter general.

Ciberseguridad y autorización previa

Entre las medidas de ciberseguridad, la resolución prohíbe conectar los sistemas a las redes corporativas y a internet, exige que el mantenimiento sea presencial y obliga a aplicar el Esquema Nacional de Seguridad para proteger los datos personales y la integridad de los sistemas. La instalación o regularización de cualquier sistema deberá seguir un procedimiento reglado de autorización previa. Además, la norma garantiza que las personas afectadas puedan saber si han sido grabadas, acceder a sus imágenes y ejercer el resto de derechos que reconoce la normativa de protección de datos.

Modelos oficiales para los equipos directivos

Para facilitar la aplicación de la norma, la resolución incluye modelos oficiales de cartelería informativa, memorias de idoneidad, análisis de riesgos y contratos de encargo del tratamiento de datos. Según la Conselleria, así los equipos directivos dispondrán de seguridad jurídica y la normativa se aplicará de forma homogénea en todos los centros.

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