El Ayuntamiento presenta alegaciones ante el Ministerio de Hacienda y reclama la puntuación detallada, la motivación de la exclusión y una reunión técnica para revisar los criterios aplicados.
El Ayuntamiento de Alicante ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda contra el reparto de los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), tras quedar fuera de la resolución provisional. El consistorio denuncia una “nueva discriminación” del Gobierno central y considera que el reparto “deja sin recursos a proyectos sociales y de transformación urbana de gran impacto para la ciudad”.
El alcalde, Luis Barcala, ha criticado duramente la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar que supone “un nuevo agravio a los alicantinos”. “No sólo se nos margina con los Presupuestos Generales del Estado, que mantienen a la provincia de Alicante a la cola de España durante los tres últimos años, sino que también nos castigan con la distribución de fondos europeos cuando nuestra ciudad es un ejemplo del aprovechamiento y buena gestión de estos recursos”, ha lamentado.
En el escrito, el Ayuntamiento exige al Gobierno que facilite la puntuación global y desglosada de la propuesta alicantina, la motivación que justifica su exclusión y la celebración de una reunión técnica con los responsables de la convocatoria para aclarar los criterios aplicados.
Según el consistorio, Alicante cumple con todos los criterios de elegibilidad, al haber obtenido “más de 50 puntos en la calificación final”, lo que la sitúa primera en la lista de reserva, pero fuera de la selección definitiva. Por ello, reclama conocer también la puntuación del resto de municipios de la Comunidad Valenciana “para analizar con precisión los criterios aplicados y valorar posibles vías de mejora o reclamación”.
El Ayuntamiento considera que ha sido “discriminado al haberse aplicado un criterio territorial subjetivo”, que habría perjudicado a Alicante frente a otras provincias. En sus alegaciones, el equipo de gobierno sostiene que la reducción de tres a una convocatoria en el programa EDIL y la penalización aplicada a la Comunidad Valenciana —por la creación de una línea específica DANA— han supuesto “una reducción injusta de los recursos disponibles”.
“Esta decisión ha reducido injustamente los recursos disponibles para los municipios de esta Comunidad, cuando dicha penalización debería haberse distribuido proporcionalmente a nivel nacional”, se indica en el escrito presentado.
El Ayuntamiento advierte de que la exclusión de Alicante implica “un grave perjuicio para el desarrollo urbano sostenible del municipio”, al dejarlo sin acceso a fondos FEDER del periodo 2021–2027. “Esta situación limita la capacidad de inversión en proyectos estratégicos que contribuyen a la cohesión social, la transición ecológica y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”, añade el documento.
En las alegaciones se destaca que el criterio de territorialidad ha generado “una competencia desigual entre municipios”, ya que “el Ayuntamiento de Castellón no tenía ninguna otra ciudad grande en su provincia con la que competir, mientras que Valencia solo competía con Gandía, y Alicante lo hacía con Elche, Benidorm y Torrevieja, lo que ha generado una situación de competencia desproporcionada”.
Barcala ha recordado que Alicante ha demostrado su capacidad técnica y solvencia en la gestión de fondos europeos en programas anteriores como EDUSI, URBAN, PRTR, PSTD o FSE, “una experiencia que debería haber sido valorada positivamente en el proceso de selección”.
“Que Alicante o Elche, segunda y tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, se hayan quedado fuera de forma tan descarada representa un agravio comparativo que nos llena de indignación”, ha subrayado el primer edil, que ha pedido al Gobierno “rectificar” y ha apelado a los grupos de la oposición municipal “para que reclamen también los fondos europeos y defiendan los intereses de los alicantinos”.
La propuesta alicantina incluía proyectos de mejora urbana y social valorados en 20 millones de euros, de los que el Ayuntamiento esperaba obtener 12 millones de financiación europea. Entre ellos destacan la adecuación del antiguo colegio López Soria como Centro de Proximidad, la reforma del secadero de Las Cigarreras como espacio para el programa Aterriza, la ampliación del Centro de Empleo El Tossalet, el nuevo Pabellón de Tómbola, la renovación del Parque Lo Morant y de varias plazas públicas, así como el impulso de proyectos Smart City.
