La Generalitat, junto a las comunidades de Murcia y Andalucía y la Diputación de Alicante, exige al Gobierno central frenar las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura por carecer de rigor técnico y científico
La defensa del agua ha vuelto a unir al sureste español. En una reunión celebrada este lunes en Alicante, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha denunciado que el Gobierno central mantiene “un ministerio que no ha querido ni recibirnos” mientras impulsa un Plan del Tajo que considera “un agravio político sin ningún valor técnico”.
El encuentro, convocado en la ciudad por la Generalitat Valenciana, ha reunido a la consejera de Agua de Murcia, Sara Rubira, y al secretario general del Agua de Andalucía, Ramiro Angulo, además del presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, y el conseller de Agua, Miguel Barrachina. Todos ellos han coincidido en reclamar la paralización inmediata de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al entender que responden a “criterios partidistas e ideológicos” y no a fundamentos científicos.
“Caudal político”
Mazón ha reivindicado que “hoy la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma Andaluza, la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana tienen un frente común. Es un frente de rigor, académico, justo, científico y es un frente verde”. Según ha subrayado, “este eje funciona y tiene base”, y se ha comprometido a “evitar un agravio político, histórico y sin marcha atrás que el Gobierno de España no deja de intentar, con todo el peso de los millones de habitantes a los que representamos”.
El jefe del Consell ha insistido en que el plan del Tajo “no se puede explicar que se llame caudal ecológico a lo que es un caudal político”, recordando que el caudal fijado en Aranjuez (8,65 m³/s) es muy superior al del Júcar (2,74 m³/s) o el Jarama (6,06 m³/s). “No podría estar nadie del Gobierno de España explicando los datos”, ha ironizado.
Para Mazón, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica “pretende acabar con millones de árboles en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía” y responde a “contradicciones de extraordinario nivel” que ponen en riesgo el futuro agrícola, económico y medioambiental de todo el sureste.
El president ha afeado también “la falta de inversión y el prejuicio hidrológico” del Gobierno central, que a su juicio “sigue sin garantizar ni mover ni un dedo para las obras estructurales necesarias para evitar las peores consecuencias tanto de la una como de la otra, especialmente en la zona cero de Valencia”.
Y ha recordado que “no es un problema de unos señores que riegan. Es un problema de toda nuestra tierra, nuestra industria, nuestra capacidad y nuestro futuro”.
La respuesta de Murcia y Andalucía
La consejera murciana Sara Rubira ha advertido de que el nuevo plan “está lleno de irregularidades” y ha exigido su derogación. A su juicio, el problema del Tajo “está en la gestión ineficiente de los embalses, de unos regadíos poco modernizados y una gestión poco transparente de la Confederación del Tajo”, y ha defendido que los regadíos del Segura son “de los más eficientes de España”.
“El Tajo-Segura es ejemplo de solidaridad nacional y nos ha convertido en lo que hoy somos”, ha añadido Rubira, para quien “no es justo castigar a las comunidades que mejor uso hacemos del agua”.
Desde Andalucía, Ramiro Angulo ha apelado a “volver a la senda del diálogo” y ha pedido compatibilizar los caudales del alto Tajo con la vertebración territorial y la sostenibilidad del sureste. “Queremos atender las demandas del alto Tajo sin olvidar al resto”, ha afirmado, subrayando la relevancia agrícola de Almería, Murcia y Alicante “en la seguridad alimentaria de Europa en un momento tan complejo”.
Un eje en defensa del agua
El president Mazón ha concluido reafirmando la unidad institucional alcanzada en Alicante:
“Ratificamos un eje de defensa común de nuestro derecho justo, que no siempre ha ocurrido porque venía fallando durante demasiado tiempo la Generalitat Valenciana.”
Con esta alianza, las tres comunidades autónomas y la Diputación de Alicante buscan frenar lo que consideran un agravio político y territorial y reivindicar una política hídrica “con todo el peso de los millones de habitantes a los que representamos”, defendiendo —en palabras de Mazón— “la máquina engrasada del agua que merecemos todos los españoles y no solo unos cuantos”.
