El área de Plusvalía confirma que las solicitudes registradas por la cooperativa entre agosto y diciembre aún no han sido abiertas debido al volumen de expedientes acumulados
El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que las solicitudes relacionadas con la liquidación del impuesto de plusvalía por la transmisión de las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, en La Condomina, todavía no han sido examinadas ni tramitadas por los servicios municipales.
Así lo recoge un informe emitido por el Departamento de Plusvalía a petición de la Concejalía de Hacienda y Patrimonio, que detalla que las nueve instancias presentadas por la cooperativa entre agosto y diciembre de 2025 continúan en cola, a la espera de ser revisadas conforme al orden cronológico de entrada.
El documento subraya que el área municipal sigue gestionando solicitudes registradas en mayo de 2025, lo que sitúa las comunicaciones más recientes en una fase preliminar sin análisis de fondo sobre su contenido.
Retraso administrativo y tramitación por orden legal
Desde el consistorio se insiste en que el registro de una solicitud no implica su revisión inmediata, ya que los expedientes se procesan en estricto cumplimiento de la normativa administrativa, que obliga a respetar el orden de entrada.
En este contexto, los servicios municipales estiman un plazo de entre dos y tres meses para poder abordar la documentación vinculada a la promoción de Les Naus, dado el volumen de expedientes acumulados en el área tributaria.
El informe también recoge que la cooperativa promotora realizó consultas previas sobre el procedimiento a seguir para la autoliquidación del impuesto, y que posteriormente presentó las instancias con escrituras de adjudicación de las viviendas. Asimismo, representantes de la entidad han solicitado información sobre el estado del trámite en varias ocasiones durante los últimos meses.
Contexto de especial atención pública
La situación se produce en un momento de especial escrutinio público sobre la adjudicación de viviendas protegidas en La Condomina, tras las investigaciones abiertas por la Generalitat y la remisión del caso a la Fiscalía por posibles irregularidades en los expedientes de adjudicación.
Desde el Ayuntamiento se remarca que, hasta que los documentos no sean formalmente revisados, no es posible determinar su contenido, alcance ni la corrección de los datos fiscales incluidos en las solicitudes.
El caso sigue generando atención política y social, en un contexto en el que las administraciones implicadas tratan de delimitar responsabilidades, garantizar la transparencia del proceso y reforzar los controles sobre la gestión de vivienda protegida.
