El informe de la Policía Local, remitido a la Conselleria de Vivienda, apunta a posibles anomalías en la ocupación y reclama aclaraciones sobre los criterios de adjudicación en La Condomina
El Ayuntamiento de Alicante ha trasladado a la Conselleria de Vivienda el informe elaborado por la Policía Local tras la inspección presencial realizada en las 140 viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización Les Naus, en La Condomina (Playa de San Juan). El documento, encargado por el alcalde Luis Barcala a petición de la Generalitat, analiza la ocupación real de los inmuebles y recoge una serie de situaciones que podrían requerir revisión administrativa.
La actuación, desarrollada por agentes de las unidades de Disciplina Urbanística y Barrios durante los últimos días, tenía como objetivo verificar ‘in situ’ quién reside efectivamente en los pisos adjudicados y comprobar si la ocupación se ajusta a los requisitos establecidos para este tipo de vivienda protegida.
Familias con varios adjudicatarios y perfiles jóvenes
Entre los casos recogidos en el informe figura el de cinco miembros de una misma familia —con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años— que aparecen como adjudicatarios de cinco viviendas distintas dentro de la promoción. Además, se han identificado más de una decena de situaciones en las que varios integrantes de una misma unidad familiar figuran como beneficiarios de distintos inmuebles.
El documento también señala la existencia de otros casos en los que personas con el mismo apellido —entre ellas jóvenes de 19 y 22 años— han accedido a viviendas en la misma urbanización, circunstancia que, según el equipo de gobierno municipal, debe ser aclarada por la cooperativa promotora en relación con los criterios aplicados durante el proceso de selección.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que la adjudicación de las viviendas correspondía a la cooperativa, mientras que la función de visado y supervisión de requisitos recaía en la administración autonómica.
Abundancia de viviendas con un solo residente
Uno de los datos más llamativos del informe es que 89 de las 140 viviendas figuran con un único residente empadronado. No obstante, los agentes han constatado indicios de que, al menos en una veintena de esos pisos, conviven más personas de las registradas oficialmente.
En el momento de la inspección —iniciada la semana pasada— se detectó que 46 viviendas no contaban con ningún residente empadronado, si bien el Ayuntamiento subraya que esta circunstancia podría regularizarse en fechas posteriores. También se han identificado inmuebles en los que, pese a existir empadronamiento, no se logró verificar la residencia efectiva de sus titulares.
La revisión de los buzones reveló, además, que 26 presentaban acumulación visible de correspondencia y publicidad sin recoger, un indicio que podría apuntar a una ocupación no habitual. Paralelamente, se han detectado seis viviendas en las que residen personas distintas al titular, sumando un total de 12 ocupantes en esa situación.
Cabe recordar que, conforme a la normativa de vivienda protegida, los adjudicatarios deben destinar el inmueble a residencia habitual y permanente, y cualquier arrendamiento requiere autorización expresa de la Conselleria competente.
Exigencia de explicaciones y actuaciones administrativas
La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha emplazado a la cooperativa de Les Naus a detallar el procedimiento seguido para la selección de cooperativistas y la adjudicación de las viviendas, así como los criterios aplicados en cada caso.
El Ayuntamiento insiste en que sus competencias se limitaron a la enajenación del suelo y a la tramitación urbanística de la promoción, mientras que la adjudicación correspondía a la cooperativa y el control de los requisitos a la administración autonómica.
En paralelo, el consistorio ha abierto tres expedientes informativos relacionados con este proceso: uno que afecta a dos técnicos del área de Urbanismo, otro a la jefatura de Contratación y un tercero vinculado al acceso a información reservada.
El informe policial se incorpora ahora a la documentación ya remitida a la Fiscalía y a la investigación en curso sobre la promoción de Les Naus, que continúa bajo análisis administrativo y judicial para determinar si se produjeron irregularidades en la adjudicación y ocupación de estas viviendas de protección pública.
