El Ayuntamiento detecta el cobro de reservas de 1.750 euros y suspende cautelarmente el contrato mientras la Conselleria advierte de posibles sanciones
El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha acordado suspender cautelarmente la formalización del contrato para la construcción de 131 viviendas de protección pública (VPP) en la parcela municipal de Nou Nazareth tras detectar posibles irregularidades en su comercialización.
Según ha informado el consistorio, la promotora adjudicataria habría iniciado acciones de publicidad, promoción y captación de reservas antes de formalizar el contrato y, presuntamente, sin contar con la preceptiva calificación provisional exigida por el Decreto 180/2024 del Consell, que regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana.
Entre las actuaciones detectadas figura la solicitud de 1.750 euros en concepto de reserva previa a personas interesadas, así como la difusión de anuncios en medios digitales e intermediación de una inmobiliaria en Alicante en los que se promociona el residencial —denominado Nova Vita—, compuesto por 131 viviendas de uno, dos y tres dormitorios con garaje y trastero.
No vamos a permitir ninguna irregularidad en este proceso, que ha sido transparente desde su licitación y va a seguir siéndolo.
Requerimiento formal
Los servicios técnicos y jurídicos municipales han remitido un requerimiento a la mercantil adjudicataria para que, en el plazo de diez días hábiles, aporte un informe detallado sobre todas las actuaciones de publicidad y comercialización realizadas, las condiciones comunicadas a los interesados y las cantidades solicitadas o percibidas, incluyendo el número de personas afectadas.
El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha asegurado que “no vamos a permitir ninguna irregularidad en este proceso, que ha sido transparente desde su licitación y va a seguir siéndolo”, y ha señalado que, aunque la competencia en materia de vivienda protegida es autonómica, el Ayuntamiento ha requerido la paralización inmediata de la comercialización y ha advertido de la posible revocación de la adjudicación, dado que la parcela continúa siendo de titularidad municipal.
Intervención autonómica
Paralelamente, el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, dependiente de la Conselleria de Vivienda, ha requerido también información a la promotora tras recibir la comunicación de un ciudadano alertando de la comercialización del residencial. La administración autonómica ha concedido igualmente un plazo de diez días para aclarar los hechos y ha advertido de que, en caso de incumplimiento, podría iniciarse el correspondiente expediente sancionador.
Desde el consistorio se insiste en que la falta de respuesta o la confirmación de actuaciones incompatibles con la normativa aplicable podría dar lugar a nuevas medidas administrativas, incluida la eventual revocación de la adjudicación y la no formalización del contrato.
Este nuevo escollo se suma a la polémica de Les Naus y se da en una de las zonas de mayor expansión urbanística del municipio, se enmarca en la política de impulso de vivienda protegida tras décadas sin nuevas promociones de este tipo en el entorno.
