La titular del juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas del residencial Les Naus, en Alicante, ha citado a declarar como investigadas a quince personas entre responsables políticos, técnicos de la administración y propietarios de algunos de los pisos. La causa analiza posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas situadas en la zona de La Condomina.
Entre los investigados figuran la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y la exdirectora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman. También han sido citados dos arquitectos municipales, el promotor del residencial y el funcionario de la Generalitat que validó los visados de las viviendas.
La instructora de la causa, la magistrada Amparo Rubio, investiga posibles delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada, fraude a la administración y fraude de ley. Las citaciones se han realizado a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Las primeras declaraciones están previstas para el 20 de mayo. Ese día comparecerán, además de la exedil y de la exdirectora general, el arquitecto municipal vinculado al expediente, el gerente de la empresa que gestiona la cooperativa promotora y el funcionario autonómico que tramitó los visados de las viviendas.
La investigación también se dirige contra diez adjudicatarios de viviendas protegidas que deberán declarar como investigados el 5 de junio. Según la documentación remitida al juzgado por la Conselleria de Vivienda, algunos de ellos podrían no haber cumplido los requisitos exigidos para acceder a este tipo de viviendas.
Entre las posibles irregularidades detectadas figuran la falta de documentación sobre los ingresos familiares, la superación de los límites económicos establecidos para optar a una vivienda protegida o la titularidad previa de otros inmuebles, una circunstancia incompatible con este tipo de adjudicaciones.
Antes de estas comparecencias está previsto que declaren como testigos varios funcionarios de la administración autonómica que elaboraron el informe sobre las adjudicaciones, así como técnicos municipales relacionados con el expediente. También acudirá como testigo la responsable de Patrimonio del Ayuntamiento que alertó de las posibles irregularidades en el proceso.
