El alcalde defiende que el Ayuntamiento no intervino en la adjudicación de las VPP de La Condomina y recuerda que la cooperativa “es la que ha adjudicado las viviendas”
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha rechazado de forma contundente cualquier irregularidad relacionada con una vivienda de protección pública vinculada a su entorno familiar y ha enmarcado la polémica en lo que ha calificado como una “cacería” y una “sucia campaña de acoso” en la que, según ha dicho, “todo vale” incluida su familia.
En una comparecencia pública motivada por una publicación en un medio digital y por el avance de la investigación judicial sobre la promoción de Les Naus, en zona de La Condomina; el primer edil aseguró haber “dejado clara mi profunda indignación” ante las informaciones que han ido emergiendo desde que comenzara la investigación.
La cooperativa habría adjudicado las viviendas
El pronunciamiento del alcalde se produce mientras el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha iniciado diligencias tras admitir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus. La causa se centra en determinar si se cumplieron los requisitos económicos y patrimoniales exigidos por la normativa autonómica para acceder a este tipo de inmuebles.
El ayuntamiento no ha participado para nada en esa adjudicación de viviendas y de ellos deberá responder la cooperativa.
En este escenario, Barcala ha insistido en que “la cooperativa es la que ha adjudicado las viviendas a aquellas personas que deberían cumplir los requisitos de la normativa autonómica” y ha recalcado que “el ayuntamiento no ha participado para nada en esa adjudicación de viviendas y de ellos deberá responder la cooperativa”.
Medidas adoptadas por el Ayuntamiento
El alcalde ha defendido que desde el primer momento el Consistorio actuó con rapidez. “Se han asumido las responsabilidades políticas que corresponden al ámbito de este ayuntamiento”, afirmó, en referencia a las dimisiones de la edil de Urbanismo y de la directora general..
Además, ha añadido que “poco después de tener conocimiento” de los hechos, el Ayuntamiento abrió un expediente de averiguación, incoó expedientes informativos a funcionarios, trasladó la denuncia a la Fiscalía, creó una comisión de investigación y promovió una inspección de la Policía Local en la urbanización a instancia de la Generalitat. “Seguimos tomando medidas muy contundentes”, subrayó.
Los requisitos debe cumplirlos el arrendatario
Parte de la polémica gira en torno a una vivienda adquirida en 2006 por la esposa del alcalde. Sobre este extremo, Barcala explicó que “lo comprado en 2006 es vivienda de nueva construcción de protección pública, calificada definitivamente el 28 de abril de 2005 por la Conselleria de Territori i Habitatge”. Añadió que en esa calificación “hay doce viviendas dentro de ese edificio que son exclusivamente para alquiler, no para uso propio”.
“El promotor puede vender esas viviendas a terceros que asuman ese mismo compromiso”, indicó el alcalde, defendiendo que ese sería el supuesto aplicable en este caso. Asimismo, recalcó que “los requisitos debe cumplirlos el arrendatario que finalmente la ocupe”, y “no el comprador”, quien estaría obligado a alquilar la vivienda dentro del precio máximo fijado conforme a la legislación vigente en el momento de formalizar el contrato.
Barcala ha negado entonces cualquier incumplimiento de la normativa y sostiene que las acusaciones forman parte de “un todo vale” para desgastar al equipo de gobierno en plena investigación sobre la adjudicación de las VPP de Les Naus.
