El Ayuntamiento prevé liberar a 36 agentes que pasarán a patrullar la vía pública gracias a un contrato de seguridad privada
Alicante dará un impulso a la presencia policial en la vía pública con la licitación de un nuevo contrato de seguridad privada que permitirá liberar a unos 36 agentes de la Policía Local actualmente destinados a labores de vigilancia en dependencias municipales. El equipo de gobierno asegura que estos efectivos pasarán a reforzar los dispositivos de patrulla y seguridad ciudadana en los barrios.
La medida forma parte de los acuerdos alcanzados con el grupo municipal Vox y se implantará por fases en los servicios que ahora presta la Policía Local en instalaciones de las concejalías de Seguridad, Cultura, Mercados y Servicios Sociales.
Entre los espacios incluidos en el contrato figuran los depósitos de vehículos de Bacarot y Babel, el Castillo de Santa Bárbara, el Museo de Arte Contemporáneo (MACA), los cuatro mercados municipales —Central, Babel, Carolinas y Benalúa—, así como los Servicios de Atención Integral al Ciudadano (SAIC) de Gastón Castelló y plaza de Séneca. También se contempla la vigilancia mediante arco de seguridad en el acceso al edificio consistorial por la calle Jorge Juan.
“Queremos seguir acercando la Policía Local a los alicantinos y reforzar la presencia de nuestros agentes para reforzar la seguridad ciudadana en la vía pública”, ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero, quien ha recordado que la vigilancia privada en dependencias municipales “ya se ha llevado a cabo con toda normalidad” en etapas anteriores.
Calero ha enmarcado esta iniciativa en la misma línea que la reciente puesta en marcha de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, que recorre mercadillos, playas, plazas y zonas de alta afluencia desde el mes pasado. Además, ha recordado que la Policía Local ha incorporado este noviembre diez nuevos vehículos, entre ellos seis coches patrulla híbridos, tres todoterrenos Ford Ranger y un vehículo eléctrico para Tabarca.
Desde Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha defendido la medida al asegurar que, “ante la deriva que, en materia de seguridad, está tomando la ciudad, entendemos que hay que tener el máximo de agentes en puestos operativos de calle y dejar, como en otros tantos ayuntamientos e instituciones, la vigilancia de las instalaciones públicas a la seguridad privada, ahorrando costes y aumentando la función preventiva y reactiva de nuestra Policía Local en la vía pública”.
El Ayuntamiento prevé que la nueva licitación quede operativa en 2026, lo que permitirá reorganizar los turnos y reforzar la presencia policial en zonas con mayor demanda ciudadana, un objetivo que el equipo de gobierno señala como prioritario.
