El Ayuntamiento prevé ingresar casi nueve millones en cinco años al asumir las competencias sancionadoras de la Generalitat
El Ayuntamiento de Alicante dará este mes un paso decisivo en su estrategia para reforzar el control sobre las viviendas de uso turístico. El Consistorio llevará a la Comisión de Urbanismo de este viernes y al Pleno ordinario de enero la adhesión al convenio marco que permitirá al municipio incoar, tramitar y resolver directamente los expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con los pisos turísticos.
El acuerdo, suscrito entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, habilitará a Alicante para actuar frente a infracciones leves, graves y muy graves en esta materia, una competencia que hasta ahora dependía de la administración autonómica.
Desde el equipo de gobierno municipal se subraya que esta medida se integra en una estrategia más amplia de regulación del alojamiento turístico, que ya incluye la moratoria en la concesión de nuevas licencias y la tramitación de una modificación del Plan General para limitar y ordenar este tipo de actividad en la ciudad.
Más expedientes y más control
Los informes técnicos que acompañan a la propuesta reflejan que entre 2023 y 2025 se han incoado 418 expedientes por infracciones urbanísticas relacionadas con viviendas turísticas, con un alto grado de confirmación tras las inspecciones. En la mayoría de los casos, estas actuaciones han derivado en la apertura de procedimientos sancionadores.
Con la asunción de estas competencias, el área municipal de Inspecciones y Sanciones prevé un aumento de alrededor del 20% en su carga de trabajo, aunque los técnicos consideran que podrá afrontarse con una redistribución de los recursos humanos ya existentes, sin incremento de la plantilla presupuestaria.
Ingresos previstos de casi nueve millones
Uno de los aspectos más relevantes del convenio es su impacto económico. Los cálculos municipales estiman que la gestión directa de las sanciones podría generar unos ingresos cercanos a los 8,9 millones de euros en los próximos cinco años, en función de la tipología y gravedad de las infracciones detectadas.
Frente a estos ingresos, el impacto en el capítulo de gastos se considera nulo, ya que no se prevé la contratación de nuevo personal específico para asumir estas funciones.
Calendario inmediato
La propuesta se debatirá primero en la Comisión de Urbanismo de este viernes y, si supera ese trámite, pasará al Pleno de la próxima semana para su aprobación definitiva. En caso de obtener luz verde, el Ayuntamiento formalizará la solicitud de adhesión ante la Dirección General de Turismo.
Con esta medida, Alicante busca reforzar su capacidad de control sobre un sector que genera tensiones crecientes en barrios residenciales y avanzar en un modelo turístico más regulado y compatible con el uso residencial de la ciudad.
