Se estudiará la transparencia del procedimiento y asegura que trasladará el caso a la Fiscalía si detecta indicios de ilegalidad
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de aclaración de hechos para analizar el proceso de adjudicación de viviendas en una promoción pública situada en La Condomina, en la Playa de San Juan, en un contexto marcado por el revuelo político, social y la supuesta transparencia del procedimiento donde cargos vinculados al Ayuntamiento han tenido acceso a las viviendas.
La decisión del primer edil se produce tras la aparición de dudas y críticas sobre la gestión de las adjudicaciones, así como peticiones de explicaciones por parte de grupos de la oposición y colectivos ciudadanos, que reclaman transparencia en el proceso de reparto de los inmuebles y saber si se ajustó a los criterios legales y a los principios de igualdad de oportunidades.
No me va a templar el pulso para tomar las medidas que correspondan y vamos a informar con todo detalle de la elaboración y conclusión del informe de averiguación.
Ante este escenario, Barcala ha anunciado que el Ayuntamiento no descarta trasladar el asunto a la Fiscalía en caso de que se detecte cualquier indicio de irregularidad administrativa o penal durante la revisión del expediente.
La polémica gira en torno a una promoción de vivienda pública iniciada en 2018, cuyo proceso de adjudicación ha sido cuestionado por la falta de información pública detallada sobre los beneficiarios, los baremos aplicados y la trazabilidad de las decisiones adoptadas en su momento.
Desde la oposición municipal se ha reclamado en los últimos días acceso completo a la documentación, así como explicaciones sobre la intervención de distintas áreas del Ayuntamiento en la tramitación. Algunas formaciones políticas han planteado incluso la posibilidad de trato de favor o deficiencias en los controles internos.
Investigación y revisión administrativa
El expediente abierto tiene como finalidad reconstruir el itinerario completo del procedimiento, identificar a los empleados públicos y responsables que intervinieron en las distintas fases y evaluar si se respetaron las normas vigentes en materia de contratación, patrimonio y vivienda pública.
Para ello, el Ayuntamiento ha solicitado informes a las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, y ha encargado la instrucción del proceso al secretario general municipal, que actuará como responsable de la recopilación de información y de la elaboración de las conclusiones técnicas.
El gobierno local ha asegurado que mantendrá una política de transparencia durante el desarrollo de la investigación y que hará públicos los resultados una vez finalizado el análisis.
Un alto precio político
La apertura del expediente ha intensificado la refriega política en el Ayuntamiento, con reproches cruzados entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición, que exigen depuración de responsabilidades si se confirma cualquier tipo de irregularidad.
Mientras tanto, el alcalde ha reiterado que la prioridad es aclarar los hechos, proteger la legalidad del proceso y salvaguardar la credibilidad institucional, en un asunto que afecta a un ámbito especialmente sensible como es el acceso a la vivienda pública.
