La Guardia Civil ha desmantelado una red tecnológica de gran capacidad diseñada para enviar millones de llamadas y mensajes fraudulentos y ponerlos al servicio de grupos criminales especializados en ciberestafas. La operación, denominada Mosenik, se ha saldado con un detenido de 41 años —considerado el responsable de crear y mantener todo el sistema— y con la intervención de material informático valorado en unos 400.000 euros.
La investigación arrancó tras varias denuncias presentadas en Alicante por víctimas que recibían llamadas en las que los estafadores se hacían pasar por agentes de la Policía Nacional o personal del Banco de España para presionarles y obtener datos bancarios o transferencias de alto importe. Parte de estas comunicaciones se realizaban en ruso y ucraniano, dirigidas de forma específica a residentes de esas nacionalidades en España.
2,5 millones de mensajes al día
El entramado operaba mediante una compleja infraestructura de SIMBOX industriales: cada unidad contenía cientos de módems GSM profesionales que funcionaban como teléfonos móviles independientes, capaces de enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto. En total, esta red podía generar hasta 2,5 millones de SMS diarios, además de realizar llamadas simultáneas cuyo número remitente se modificaba constantemente para evitar su rastreo.
La Guardia Civil ha intervenido 35 SIMBOX industriales con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas, más de 60.000 SIM nacionales listas para usar y otras 10.000 nuevas, además de numerosos equipos informáticos, dinero en efectivo y criptomonedas.
Uno de los elementos más llamativos es un maletín SIMBOX portátil, una versión transportable del sistema que podía operar desde cualquier lugar con conexión a Internet, dificultando su localización.
Según los investigadores, las tarjetas SIM se adquirían al por mayor utilizando identidades falsas, y las comunicaciones se dirigían a perfiles previamente estudiados, con mensajes y llamadas adaptadas a colectivos concretos.
Una infraestructura vendida a redes criminales internacionales
El detenido comercializaba esta capacidad tecnológica a grupos de ciberdelincuencia de distintos países, suministrando una infraestructura difícil de rastrear y que permitía multiplicar el número de víctimas potenciales.
A los hechos se le imputan delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La operación ha incluido tres registros en Barcelona —en un domicilio, un local comercial y un trastero— y ha sido desarrollada por unidades de Policía Judicial y equipos especializados de Alicante, Barcelona y Tarragona, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº1 de Novelda.
La Guardia Civil continúa analizando el enorme volumen de material intervenido e identifica nuevos implicados y potenciales víctimas. Por el alcance transnacional del sistema, los investigadores estiman que el monto estafado podría ascender a varios millones de euros.
Los ciudadanos afectados por cargos fraudulentos o ciberestafas pueden presentar denuncia a través de la sede electrónica de la Guardia Civil.
