El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que “en dos años de Gobierno ya están en proceso de licitación, adjudicación o en fase de construcción más de 4.000 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana”.
De ellas, 627 corresponden a promoción directa de la Generalitat y más de 3.000 se desarrollan mediante colaboración público-privada, a las que se sumarán “otros 1.000 inmuebles que se activarán antes de finalizar el año, lo que demuestra que la vivienda es una prioridad y que el Plan VIVE está dando sus resultados”, ha señalado el president.
Según Mazón, estas actuaciones beneficiarán a más de 15.000 personas y supondrán una inversión superior a los 1.000 millones de euros, en el marco del Plan VIVE, que persigue alcanzar 10.000 viviendas protegidas a través de promoción pública y privada.
El president ha recordado que la modificación del decreto de viviendas de protección pública ha permitido movilizar al sector privado, con 1.200 viviendas solicitadas para calificación en este ejercicio.
La declaración se ha producido durante la firma del Acuerdo por la Vivienda, rubricado por la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades y entidades del sector. Mazón ha calificado el pacto como “una estrategia compartida para dar un nuevo impulso a la vivienda digna que esperan y merecen miles de familias y jóvenes”.
El jefe del Consell ha anunciado además que en 2026 se aprobará un nuevo decreto que regule la gestión y el acceso al parque público, así como el mantenimiento de los inmuebles. Este marco normativo se completará con el distintivo VIVE, que reconocerá a las empresas públicas y privadas comprometidas con la promoción de vivienda protegida.
“Revertimos la situación crítica de 2023, cuando no existían políticas ni incentivos suficientes para promover vivienda asequible”, ha afirmado Mazón, quien ha recordado que el Consell “ha movilizado más de 220 millones de euros entre 2023 y 2025 para atender a colectivos vulnerables y facilitar el acceso a una vivienda digna”.
Entre las medidas complementarias, el president ha puesto en valor los avales para jóvenes en la compra de su primera vivienda, que ya han beneficiado a 1.400 personas, y la reducción del 25% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que ha permitido a 28.500 contribuyentes ahorrar 38,3 millones de euros. Además, ha anunciado una rebaja lineal del 10% en este impuesto “para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.
Con estas actuaciones, el Consell busca consolidar la legislatura de la vivienda, reforzando la cooperación público-privada, la seguridad jurídica y la reducción de la fiscalidad como herramientas clave para ampliar el parque residencial a precios asequibles.
