Secretaría concluye que los cargos públicos adjudicatarios no tuvieron capacidad de decisión en la venta de la parcela, mientras el Ayuntamiento mantiene el caso en la Fiscalía
El expediente de averiguación de hechos abierto por el Ayuntamiento de Alicante sobre la adjudicación de viviendas de protección pública en la avenida del Historiador Vicente Ramos ha concluido que los cargos municipales que figuran entre los adjudicatarios no intervinieron con capacidad decisoria en el proceso de enajenación de la parcela pública, por lo que no procede exigir responsabilidad disciplinaria.
El informe, elaborado por la Secretaría del Pleno municipal a instancias del alcalde, Luis Barcala, analiza la posible participación de responsables políticos y técnicos en el procedimiento administrativo de venta del suelo municipal destinado a la promoción de vivienda protegida en La Condomina.
Las conclusiones apuntan a que ninguna de las personas investigadas participó en la toma de decisiones ni formuló propuestas de acuerdo en los trámites vinculados a la licitación pública, lo que descarta la existencia de un conflicto de intereses desde el punto de vista administrativo interno.
Revisión de expedientes y personal interviniente
El análisis se ha sustentado en la documentación aportada por las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, que remitieron los expedientes completos y la relación detallada del personal que intervino en la tramitación del contrato.
Entre las personas adjudicatarias de viviendas figuraban perfiles con vinculación al Ayuntamiento, como la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general y jefa de servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, por vínculos familiares con beneficiarios; y un arquitecto municipal.
Tras examinar los registros administrativos, la Secretaría municipal concluye que Rocío Gómez no firmó ni participó en actos administrativos relacionados con la operación urbanística, y que María Pérez-Hickman no dictó resoluciones ni propuestas vinculadas al expediente, dado que la competencia principal recaía en Patrimonio y no en Contratación.
Asimismo, se determina que su intervención se limitó, en su caso, a funciones técnicas o formales sin capacidad de influencia en la adjudicación, como la participación en mesas de contratación con voz, pero sin voto.
Procedimiento automático
Otro de los aspectos clave del informe es que la adjudicación de la parcela se realizó mediante un sistema de valoración automática, sustentado en criterios económicos cuantificables, sin margen para valoraciones subjetivas o discrecionales.
La adjudicación se basaba exclusivamente en criterios automáticos cuantificables económicamente, sin la existencia de criterios basados en juicios de valor.
Este elemento refuerza la tesis de que el procedimiento estuvo estructurado sobre parámetros objetivos, reduciendo la posibilidad de intervenciones personales que pudieran alterar el resultado del concurso público.
Investigación judicial abierta pese al archivo disciplinario
Pese a que el informe descarta irregularidades desde el punto de vista disciplinario interno, el Ayuntamiento ha decidido mantener el traslado del expediente a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, dentro de una estrategia de máxima transparencia institucional y prevención de cualquier sospecha de trato de favor.
La remisión a la Fiscalía permitirá que un órgano externo valore si existen indicios de responsabilidad penal o administrativa, independientemente de las conclusiones alcanzadas en el ámbito municipal.
Coste político e impacto público
La polémica en torno a esta promoción de vivienda pública ha tenido un notable impacto político y mediático, especialmente tras la dimisión de cargos municipales vinculados al área urbanística, en un contexto de creciente sensibilidad social respecto al acceso a la vivienda y la gestión del suelo público.
El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control, transparencia y prevención de conflictos de intereses en la adjudicación de vivienda protegida, un ámbito especialmente sensible por su dimensión social.
Más allá del resultado del expediente, el episodio pone de relieve la importancia de extremar las garantías en los procesos de acceso a vivienda pública, para preservar la confianza ciudadana en la gestión de recursos destinados a colectivos con necesidades residenciales.
El desenlace judicial marcará el futuro político y administrativo del caso, mientras el Ayuntamiento insiste en su compromiso de depurar responsabilidades si la investigación externa detecta cualquier irregularidad.
