Subraya que el trasvase Júcar-Vinalopó “es fruto del acuerdo entre regantes y un ejemplo de solidaridad” y que las nuevas reglas “supondrían una pérdida patrimonial de 5.692 millones de euros”.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha acudido a la apertura del VII Congreso Nacional del Agua en Elche, ha reafirmado la apuesta del Consell por “seguir defendiendo el agua que necesita y merece nuestra tierra”. En este sentido, ha comunicado que el Ejecutivo autonómico se personará en la demanda puesta por Xúquer Viu contra la adenda al convenio que rige el trasvase Júcar-Vinalopó “para que esta transferencia se mantenga”.
Además, el jefe del Consell ha recordado que el trasvase Júcar-Vinalopó “es fruto del consenso entre los regantes y un ejemplo de solidaridad en el que todos los agentes implicados están cumpliendo con los compromisos adquiridos”.
Asimismo, ha señalado que esta infraestructura obedece “a la razón y a criterios técnicos y científicos”, en oposición a “la política y el dogmatismo” que está aplicando el Gobierno en materia de gestión hídrica. De igual modo, ha reprobado que el Ejecutivo central “no haya aportado ni una sola razón técnica para cambiar las normas de explotación” del trasvase Tajo-Segura y ha recordado que estas reglas de explotación “no guardan relación con los caudales ecológicos del Tajo, que están garantizados y no corren peligro”.
En este sentido, Mazón ha insistido en que “el trasvase Tajo-Segura no es la causa de los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni a la cantidad de agua”, puesto que “no se ha registrado ningún incumplimiento de los caudales ecológicos por falta de agua en la cabecera, mientras que sí se están efectuando desembalses excesivos que desperdician recursos hídricos de gran valor”.
El president Mazón criticó la falta de diálogo del Gobierno en materia hídrica e instó a “una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos, incluyendo la construcción de balsas que optimicen el uso de las aguas derivadas a riego”, calificando estas medidas de “imprescindibles” para mejorar el régimen fluvial y la calidad de las aguas sin afectar las garantías de la cuenca cedente.
Reducirían significativamente los volúmenes de agua disponibles para el regadío, con una pérdida patrimonial de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas y provocando la destrucción de más de 15.000 empleos”
Frente común por el trasvase Tajo-Segura
Mazón advirtió que eliminar este trasvase “tendría un impacto especialmente negativo sobre Alicante, Murcia y Almería” y anunció la creación de un frente común con comunidades, regantes y ayuntamientos. Según señaló, los cambios en las reglas de explotación propuestos por el Gobierno “reducirían significativamente los volúmenes de agua disponibles para el regadío, con una pérdida patrimonial de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas y provocando la destrucción de más de 15.000 empleos”. En Alicante, “los efectos económicos sobre las explotaciones agrícolas ascenderían a casi 61 millones de euros y más de 1.700 empleos perdidos”.
Modernización de regadíos
El president destacó “el diálogo entre territorios porque los desafíos del agua no entienden de fronteras” y resaltó las inversiones de la Generalitat para un uso eficiente del agua: los 38,8 millones de euros destinados a modernizar regadíos en 2025 y los cerca de 19 millones de inversión directa que mantienen a la Comunitat Valenciana como la primera región europea en volumen de agua reutilizada. Mazón reafirmó el compromiso del Consell por defender el agua que corresponde a la región “por justicia” y agradeció a quienes trabajan por un futuro donde “el agua siga siendo sinónimo de vida, prosperidad, protección ambiental y esperanza”.
