La Policía Nacional acusa a la gerente de un negocio de utilizar la firma digital de una joven trabajadora para darle de alta como falsa autónoma y cobrar prestaciones sin su conocimiento
La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a una empresaria de 54 años como presunta autora de varios delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y fraude de subvenciones, tras una investigación que ha permitido esclarecer el cobro fraudulento de ayudas públicas a nombre de una empleada sin su consentimiento.
Los hechos se remontan a febrero de 2019, cuando la víctima, entonces de 19 años, inició su primera relación laboral en un establecimiento de la ciudad, donde creía estar contratada como aprendiz. Durante más de tres años, hasta septiembre de 2022, trabajó sin recibir copia de contrato, nóminas ni justificantes de pago, percibiendo su salario en efectivo en la mayoría de ocasiones.
La investigación se inició en agosto de 2024, cuando la joven recibió una notificación informándole de la concesión de una prestación por cese de actividad que nunca había solicitado. A partir de ese momento, comenzó a indagar sobre su situación administrativa y descubrió que figuraba como beneficiaria de varias ayudas tramitadas de forma telemática mediante su firma digital.
Las pesquisas policiales revelaron que la empresaria había dado de alta a la trabajadora como autónoma sin su conocimiento, una práctica conocida como “falso autónomo”, con el objetivo de ahorrar costes en cotizaciones y eludir obligaciones laborales. Para ello, se habría apropiado de la firma digital de la joven, que le fue solicitada al inicio de la relación laboral bajo el pretexto de formalizar el contrato.
Entre los años 2020 y 2021 se llegaron a solicitar hasta seis prestaciones distintas a nombre de la víctima, por un importe total de 12.721,80 euros. Entre ellas figuraba una ayuda de la Generalitat Valenciana destinada a autónomos afectados por la reducción de ingresos durante la pandemia de la COVID-19. El dinero fue ingresado en una cuenta bancaria vinculada a la empresa, cuya titular era la propia gerente.
La Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm constató que todas las solicitudes se realizaron online, que la asesoría que intervino en la firma inicial del contrato aparecía como intermediaria y que los fondos fueron percibidos directamente por la empresaria. Tras reunir los indicios necesarios, los agentes procedieron a su detención en el propio establecimiento, que se encontraba abierto al público.
Asimismo, se solicitó a la entidad bancaria el bloqueo de las cantidades obtenidas de manera fraudulenta y todo lo actuado ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.
